Una misión de la OEA llega este lunes a incorporarse al diálogo para superar la crisis política en Nicaragua, en momentos en que el mismo está estancado por las posiciones opuestas del gobierno y la oposición sobre la liberación de presos y el cese de la represión.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACDJ) suspendió su participación en las negociaciones a la espera de que el gobierno de Daniel Ortega dé "muestras contundentes" de querer resolver la crisis con la salida de prisión de los presos por las manifestaciones del año pasado y el fin de la represión.
"No nos hemos retirado (de la negociación), solo estamos pidiendo que el gobierno haga los gestos que había ofrecido a la alianza", dijo a la AFP el coordinador de la delegación opositora, Carlos Tünnerman.
"No es posible que continuemos en la mesa del diálogo mientras fuerzas policiales e incluso parapoliciales siguen capturando gente" y persisten denuncias de malos tratos a detenidos y a sus familias, añadió.
En medio de la tirantez de posiciones, la Organización de Estados Americanos (OEA) envió este lunes a su representante Luis Ángel Rosadilla para evaluar su incorporación a la negociación como garante del proceso.
Tunnerman, un exdiplomático, celebró esa incorporación e insistió en que Ortega puede cesar la represión: "Eso está en sus manos y (sería) una demostración de que se está en el diálogo para encontrar acuerdos".
El canciller Denis Moncada, que encabeza la delegación oficial, leyó de su lado un comunicado en el que "ratifica el compromiso del Estado nicaragüense de continuar desarrollando las sesiones de trabajo para avanzar y consensuar la agenda".
La representación del gobierno acudió a la sede de las conversaciones en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), sin presencia opositora.
"El nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag, en su calidad de testigo y acompañante internacional, está presente en la sala de sesiones donde nosotros en este momento nos integramos a la mesa de negociación como corresponde,", dijo Moncada.
El canciller recordó que las conversaciones se establecieron "sobre la base de la confianza, el respeto y la buena voluntad, que consideramos deben prevalecer".
El gobierno reiteró su agenda de cinco puntos, en la que descartó adelantar las elecciones, como exige la oposición, pero ofreció cambios al sistema electoral, actualmente controlado por el oficialismo.
También propone liberar a presos que no han sido juzgados y revisar el expediente de los que han sido sentenciados para no generar "impunidad".
La libertad de presos es una requisito indispensable para la oposición, que considera igualmente que los juicios de los detenidos "deberían ser declarados nulos", según Tünnerman.
- OEA testigo y garante -
El jefe de la delegación opositora valoró también como "muy importante que la OEA haya decidido hacer acto de presencia en Nicaragua y venga con intención de hablar con ambas partes".
El bloque opositor -que agrupa a empresarios, estudiantes y sociedad civil- propondrá a la OEA que se incorpore como testigo de la negociación, "sin perjuicio que luego sean garantes de los acuerdos que se adopten", dijo Tunnerman.
Ortega, de 73 años, gobierna desde 2007 y afronta una severa crisis que detonó el año pasado con las protestas contra una reforma al seguro social, que se fueron extendiendo y cuya represión dejó al menos 325 muertos, más de 700 presos y miles de exiliados.
El exmagistrado Rafael Solís, en un escrito divulgado este lunes, consideró que en la agenda del gobierno se aprecia que "no quiere un diálogo serio y responsable, sino uno hecho a su medida".
Solís, un exallegado a Ortega, consideró no obstante que la agenda oficial consiste en "una táctica" de negociación de ponerse duros al inicio para ir cediendo después, por lo que no descartó que al final se aprueben las demandas de la oposición.
La "hoja de ruta" aprobada por las partes de la negociación establece como fecha para alcanzar acuerdos el 28 de marzo, aunque deja abierta la posibilidad de ampliar el plazo.